A solo mes y medio de la vuelta al cole, los brotes de COVID-19 surgidos en los centros educativos representan ya el 13,6% del total, según datos del Ministerio de Sanidad. En la semana del 19 al 24 de octubre, 324 aulas estaban clausuradas a causa de los contagios en los centros educativos andaluces, 101 de las cuales cerraron en un plazo de solo tres días. La situación de contagios y cierres de aulas se va a seguir recrudeciendo, teniendo en cuenta el contexto de ascenso de la segunda ola de contagios por COVID-19 y las nulas medidas tomadas por las administraciones en los centros educativos.
Frente a esta situación, ya se está hablando de reducir el tiempo de confinamiento de los/as trabajadores/as que hayan tenido contacto estrecho con un positivo de los 10 días actuales (antes 14) a solo 3 días y mantener abiertas las aulas aunque haya positivos por COVID entre el alumnado, confinando solo a esos/as alumnos/as. Es decir que, para evitar el cierre a toda costa, se pretende mantener las clases abiertas reduciendo aún más la seguridad del alumnado (con ello, de sus familias) y de los/as trabajadores/as docentes y no docentes, impulsando así aún más que las aulas sean un foco de contagio del virus para toda la población.
Evidentemente la solución a los brotes en las escuelas no está en mantener las aulas abiertas incrementando los contagios. Desde Marea Verde y desde distintas organizaciones del ámbito de la educación (de docentes, de estudiantes y de familias) hemos planteado sin cesar cuáles son las verdaderas medidas necesarias para poner freno a esta situación y mejorar de paso una educación pública que viene siendo desmantelada desde hace muchos años por parte de unos y otros gobiernos. Las soluciones son claras: contratación de un número significativo de docentes que permita reducir la ratio para impartir una educación 100% presencial, 100% segura y 100% de calidad, garantizar las sustituciones inmediatas del personal confinado, contratación pública de más personal no docente, aumento de los recursos en los centros educativos para atender al conjunto del alumnado y en especial al alumnado NEAE, necesidad de adecuación y preparación de infraestructura existente para uso escolar seguro, presencia de enfermeros/as escolares, la dotación de recursos específicos para los protocolos COVID y su elaboración conjunta con expertos/as sanitarios/as, bajas para el personal vulnerable al que se está obligando a ir a trabajar en aulas repletas de alumnos/as... En definitiva, la solución es la inversión en la educación pública. Con estas y más reivindicaciones, una parte importante de la comunidad educativa secundó la huelga del pasado 18 de septiembre, convocada por CGT, USTEA, CCOO y CNT y construida por Marea Verde y otras organizaciones del ámbito educativo.
La respuesta a la presión que se ha ejercido desde el movimiento ha sido el acuerdo alcanzado entre la Consejería y las cúpulas sindicales de CCOO, CSIF y ANPE. Un acuerdo lamentable pues la Consejería, que viene a reconocer por fin que mantiene ratios ilegales en las aulas, incluso ahora con la situación de contagios, se compromete únicamente a hacer cumplir su propia ley y acabar con ellas pero sólo hasta 2ºESO, contratando para ello a 1500 docentes hasta el 31 de diciembre. Esos 1500 docentes deberían haber estado en las aulas desde mucho tiempo atrás, además de los/as necesarios/as para que se cumplan las ratios que la propia Consejería impone desde 3ºESO a 2ºBachillerato y que, según este acuerdo, tendrán que esperar. Ni que decir tiene que este pacto, por tanto, no plantea ninguna reducción de la ratio en los centros educativos. Queda claro que este acuerdo, supone pues un balón de oxígeno para Imbroda, que trata así de calmar el cabreo que, a día de hoy, existe en los centros por la falta de recursos y de medidas adoptadas por la Consejería. Pero, al mismo tiempo, este acuerdo ha sido fruto de la presión ejercida por el movimiento, sin el cual la administración ni se hubiera molestado en alcanzar un acuerdo para calmar un poco los ánimos.
Esto demuestra que la huelga es necesaria y que, organizándonos y movilizándonos, podemos presionar a la Consejería de Educación. El camino que iniciamos a principios de septiembre y que tuvo como primera fecha común la huelga del 18 de septiembre debe continuar y profundizarse, máxime cuando vemos cómo se está utilizando la situación de crisis para dar un nuevo impulso a la educación privada. Primero, la administración concede fondos para la concertada, contratando a más de 1000 profesores/as, un acuerdo alcanzado con la patronal educativa a nivel andaluz. Después, aprobando una normativa para permitir los conciertos de las enseñanzas de Bachillerato y FP, que va a degradar aún más la educación pública y el empleo del profesorado. A todo este cúmulo de intenciones de degradar lo público, se nos viene de forma inminente un decreto mediante el cual se busca establecer que la atención y el apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales ejercida por Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y la Interpretación de Lengua de Signos Española (ILSE) sean servicios complementarios de la Educación, lo que abre la puerta a su privatización. Si a todo esto sumamos el bloqueo de las bolsas de empleo en la pública, nos encontramos de nuevo una situación de trasvase de unos fondos económicos, que son imprescindibles para la educación pública, a la educación privada que busca que unos pocos saquen beneficios.
Por todo ello, llamamos a toda la comunidad educativa (docentes, trabajadores/as no docentes de los centros educativos y estudiantes) a secundar la huelga convocada para el 12 de noviembre, llamamos a las familias y a toda la población a apoyarla, y llamamos a todos y todas a asistir a las movilizaciones provinciales que se producirán el 12 de noviembre a las 12h de la mañana.
Asimismo, llamamos a todas las organizaciones sindicales a sumarse a esta huelga y a seguir construyendo una hoja de ruta común para imponer nuestras reivindicaciones frente a la desfachatez de la Junta de Andalucía, que sólo busca mantener una política de desmantelamiento de la educación pública en un momento donde además eso supone empeorar la salud de toda la población. Exigimos tanto al gobierno central como al gobierno autonómico una inversión suficiente en educación pública que permita desarrollar una educación pública 100% presencial, 100% de calidad y 100% segura.
Nos sobran razones, ¡el 12N todos/as a la huelga!
