Campaña de Marea Verde Andalucía contra la AGAEVE y las Pruebas de diagnóstico .
SIN OLVIDAR LA DEMANDA DE ANULACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD, LA AGAEVE ESTÁ EN EL PUNTO DE MIRA DE MAREA VERDE Y EL PRÓXIMO DÍA 9 DE FEBRERO SERÁ OBJETO DE UNA ACCIÓN ESPECÍFICA.
LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO SERÁN NUESTRO OBJETIVO DESDE AHORA HASTA SU REALIZACIÓN EN MAYO, COMO FORMA DE DENUNCIA DE UNA CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN QUE NO COMPARTIMOS Y QUE ADEMÁS ES COHERENTE CON EL DESMANTELAMIENTO DE LA PÚBLICA CON LOS RECORTES QUE SUFRIMOS.
En los próximos días iremos facilitando documentos e informaciones a través del grupo de correo.
Publicamos a continuación un amplio análisis con el objetivo de que sirva como documento base de reflexión para cuestionar con argumentos poderosos tanto la existencia de la AGAEVE como la realización de las Pruebas de Diagnóstico. A pesar de su longitud, recomendamos a tod@s su lectura y posterior debate en las asambleas.
RAZONES PARA UNA CAMPAÑA CONTRA LAS AGENCIAS DE EVALUACIÓN.
Desde la
Marea Verde de Andalucía hemos decidido realizar, dentro de las
movilizaciones en defensa de la enseñanza pública que estamos llevando a cabo, una
campaña contra la AGAEVE y las llamadas Pruebas de Diagnóstico
porque las consideramos sintomáticas de un modelo educativo que
amenaza con desmantelar la educación como servicio público para
todos y todas.
Nos
preguntamos por qué frente a los, según la Consejería, inevitables
recortes que han llevado a la calle a 4.502 profesores/as, han
aumentado las horas lectivas, reducido los salarios, reducidas las
becas, etc. se mantiene una agencia externa, que cuesta cada año 5
millones de euros, cuya función es competencia de otra institución
existente como es la Inspección educativa?
¿Qué es
la AGAEVE?
La Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa fue creada con la Ley de Educación
de Andalucía (LEA) en 2007 y se reguló su organización en 2009.
Tiene un estatus de “agencia administrativa adscrita a la
Consejería”, es decir, es la Consejería la que nombra a su
director/a y resto de personal sin tener que someterse a las normas
de nombramientos de cualquier funcionario/a de igualdad, mérito y
capacidad. Su función, como su nombre indica, es evaluar todos los
elementos del sistema educativo, lo que se solapa con una de las
funciones del cuerpo docente de la Inspección Educativa formada por
288 inspectores/as en Andalucía.
La AGAEVE
lleva gastados entre 2009 y 2012 unos 20,5 millones de euros y se ha
anunciado un nuevo plan cuatrienal de 2012 a 2016 (los presupuestos
de 2013 consignan 4.349.057 euros a la misma). Se trata, no lo
olvidemos, de personal elegido a dedo que la Consejería prefiere
antes que a los inspectores, que son funcionarios de rango superior,
que acceden por oposición a un cuerpo docente de ámbito nacional y,
en principio, con una mayor independencia de criterio profesional
debido a su preparación específica y su estabilidad como
funcionarios no dependientes del poder político. Puedes consultar la fuente
aquí.
Las
pruebas de diagnóstico.
Sin embargo,
parece ser, en palabras de la propia Consejería, que la AGAEVE es
intocable, está fuera de toda negociación y es una pieza
fundamental del modelo educativo del gobierno andaluz. Quizá
entendamos mejor la razón de esta “importancia” si sabemos que
esta agencia es la encargada de organizar las llamadas pruebas de
diagnóstico.
Estas
pruebas de evaluación estandarizadas que se realizan en todos los
centros educativos andaluces se llevan a cabo en el 2º curso de
educación Primaria (ESCALA) y en el 4º curso de Primaria y
el 2º curso de Secundaria (Pruebas de Evaluación y Diagnóstico).
Estas pruebas son realizadas sin ningunea participación de los
equipos educativos de los centros aunque, eso sí, es ese profesorado
quien tiene que pasar las pruebas al alumnado y corregirlas
(siguiendo unos rígidos criterios establecidos por la AGAEVE). Se
trata de un formato de test, similar a las pruebas que sirven para
realizar el famoso informe PISA, cuyas características muestran un
claro afán por medir conocimientos esencialmente técnicos, de
disciplinas como la lengua, matemáticas o ciencias, que son las que
más interesan al mercado empresarial.
El
llamado informe PISA (Programme for International Student
Assesment) compara los resultados de los sistemas educativos de los
países miembros de la OCDE y, no parece demasiado aventurado, ver en
la creación de las pruebas de diagnóstico un intento del gobierno
andaluz por mejorar la posición del sistema educativo andaluz en
dicho informe. Se trata de una evaluación externa estandarizada
concebida con planteamientos economicistas que marcan los saberes que
más interesan a los mercados, son prácticas de medición para
catalogar y clasificar a los sujetos, que miden el aprendizaje
individualmente y de manera cuantitativa.
Siguiendo a
Jurjo Torres podemos decir que es una medición
extremadamente reduccionista.
sólo mide tres cosas:
la comprensión lectora, la alfabetización matemática y la
alfabetización científica. No mide
ningún contenido más, ni tampoco la escritura la capacidad de
expresarse, de razonar. No mide, en una sociedad democrática, cosas
tan elementales como las habilidades para el debate y la comunicación
respetuosa. Por supuesto, no mide ni conocimientos ni procedimientos
ni destrezas ni valores artísticos. No mide la formación literaria,
ni los conocimientos y capacidades para interpretar y situar momentos
históricos, fenómenos políticos y sociales. Tampoco la capacidad
de análisis críticos. Tampoco la capacidad para pensar, analizar y
tomar decisiones desde marcos interdisciplinares Tampoco mide nadie
la competencia y la educación psicomotora, toda la competencia
deportiva, la educación ética y moral, la educación para la
ciudadanía y los Derechos Humanos, la capacidad para resolver
conflictos, la apertura de espíritu y de comprensión para
comprender a otras culturas y pueblos. La participación en la
vida cotidiana en las propias instituciones en las que estamos. La
educación ambiental, educación para la salud, para el consumo,
educación vial, la educación para realizar juicios informados y
razonados, la capacidad de colaboración y de ayuda a los demás, el
nivel de responsabilidad y de compromiso con la democracia, los
valores y prioridades para la vida en sociedades democráticas, los
hábitos culturales (la lectura, la asistencia a conciertos, a
conferencias, a museos), la educación mediática o en medios de
comunicación o la educación afectivo-sexual.
Eso si PISA
ahora también (se hará publico en 2013)
una
de las competencias que van a analizar
es lo que se llama
educación financiera.
Son diecinueve paises en los que se
evaluará, entre ellos España. Y no precisamente la banca ética,
sino la bolsa, véase el portal
www.finanzasparatodos.es
Por otra
parte evalúa a jóvenes de diferentes países del mundo con las
mismas pruebas, sin tener en cuenta los diferentes contextos,
elaborando después una lista sobre la “calidad educativa” de
cada país. De hecho, la clasificación de los resultados de los
informes PISA acaba decidiendo qué es calidad y, de manera
indirecta, acaban orientando los currículos, ya que todos los países
quieren avanzar en la clasificación, por lo tanto, acaban imponiendo
unos conocimientos que coinciden con lo que PISA evaluará.
Y si
analizamos las pruebas liberadas de PISA éstas demandan
capacidades
científicas de baja complejidad, con
acentuada presencia de la
mera reproducción
como han demostrado en el área específica
de Ciencias Gallardo-Gil, M.; Fernández-Navas, M.; Sepúlveda-Ruiz,
M-P.; Serván, M-J.; Yus, R. y Barquín, J. (2010), lo que enlaza con
las demandas del mercado como veremos. PISA y la competencia
científica: Un análisis de las pruebas de PISA en el Área de
Ciencias. RELIEVE, v. 16, n. 2, p. 1-17.
http://www.uv.es/RELIEVE/v16n2/RELIEVEv16n2_6.htm
Además esta
insistencia en la evaluación permite alcanzar también otros
objetivos como la centralización y de control ideológico. Así la
LOCE,, proponía junto a la creación del “Instituto Nacional de
Evaluación y Calidad del Sistema Educativo” organismo similar a la
AGAEVE, instaurar la reválida, examen homogéneo y
obligatorio para todos los alumnos que hubiesen terminado la
secundaria, establecida directamente desde Madrid, lo cual permitía
al gobierno controlar el contenido de los programas educativos. La
evaluación del rendimiento del alumnado permitía también que las
escuelas fuesen comparadas entre ellas, ya que se basaban en
indicadores globales y homogéneos para todo el alumnado del Estado.
Los resultados se expondrían públicamente y se establecería una
clasificación de escuelas, lo cual acabaría estigmatizando a los
centros situados en zonas más pobres. También promovería que los
centros se ofreciesen al mercado a través de mecanismos de marketing
y que los padres y madres pudiesen escoger “libremente” el centro
educativo. Eso haría que las familias con un buen poder adquisitivo
estuviesen predispuestas a matricular a sus hijos en colegios
privados (normalmente los mejor valorados por este tipo de sistemas
de evaluación). Se tendía a agravar, por éste y otros motivos, la
espiral de precarización y guetificación de la escuela pública (en
Barcelona por ejemplo el 85% de los alumnos inmigrados están
escolarizados en centros públicos). Lo que es retomado de nuevo
abiertamente por la LOMCE.
La
educación al servicio del mercado.
Podemos por
tanto ver la AGAEVE y las pruebas de diagnóstico como una parte de
las políticas privatiadoras de la enseñaza pública que se impulsan
desde organigazaciones económicas internacionales y empresariales.
Así no es sin diuda casual que las pruebas PISA sean organizadas por
la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico) que junto a otros organismos internacionales del mismo
tipo, Banco Mundial, Organización Mundial del comercio (OMC),
Acuerdo General sobre el comercio de servicios (AGCS) defienden
abiertamente, desde una óptica neoliberal, convertir los servicios
públicos (entre ellos la educación) en servicios económicos de
interés general, es decir no necesariamente públicos y por tanto
susceptibles de convertirlos en negocio privado. De hecho la propia
ERT (mesa
redonda de las grandes empresas que trabajan en Europa en la que
España está representada por los presidentes de Telefónica, Repsol
e Inditex) ha estado en los últimos años interesadísima por la
educación, así por ejemplo consideraba que el problema que tenía
la educación pública era que los estudiantes no tenían todos y
todas un ordenador.
No se niega
que el estado tenga la obligación de cubrir las necesidades
educativas de la población con la red pública, pero lo debe hacer
solo allí donde los proveedores privados no lleguen. La enseñanza
pública queda así relegada a suministrar ese servicio a aquellos
sectores sociales que no son lo suficientemente rentables para que
puedan ser incluidos en el nuevo mercado de la educación.
Esta visión
mercantilista concibe la escuela exclusivamente por su contribución
al desarrollo económico, estableciéndose la calidad a partir de los
“buenos resultados”, en todo aquello que tenga capacidad de
medirse y de convertirse en un número, un dato, una gráfica, para
poder clasificar a los sujetos. Se proclama que la escuela solo tiene
sentido si sirve a los intereses de los mercados, es decir a las
empresas y a la acumulación de capital. Este discurso ha sido
asumido por la propia legislación educativa. La propia LEA
(Ley de Educación de Andalucía), aprobada por el gobierno andaluz
del PSOE, establece que el objetivo de la educación deber ser
mejorar la productividad: “el
capital humano es un recurso de importancia primordial para el
crecimiento económico y el desarrollo de Andalucía. De la
cualificació de sus recursos humanos depende el mantenimiento y el
aumento de sus niveles de productividad y, por tanto, su
competitividad a largo plazo en la economía globalizada”.
Esa misma idea es recurrente en el proyecto de la LOMCE del
partido Popular (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa): “La educación
es el motor que promueve la competitividad de la economía y las
cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su
capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de
afrontar los desafíos que se plantea en el futuro. Mejorar el nivel
de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas
a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una
apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas
competitivas en el mercado global”.
Es evidente
que la educación debe tener conexión con el mercado de trabajo, lo
cuestionable es que solo en función de ello se establezcan sus metas
y se evalúe su impacto, como si lo único importante de la escuela
fuera preparar mano de obra, una labor meramente técnica, negando el
carácter social y ético del acto educativo que implica conflictos
de intereses, valores e ideales. Lo que explica que las últimas
leyes educativas esten impregnadas por una verdadera “neolengua”
procedente del lenguaje mercantil de la empresa privada con una
verdadera transferencia terminológica: competencias, empleabilidad,
flexibilización, excelencia, calidad etc.
La
privatización no solo se basa en la apertura de los servicios
educativos a los mercados para generar beneficios económicos a las
empresas privadas, también, de manera más encubierta, importa a la
escuela pública formas de funcionamiento, ideas y métodos del
sector privado, con una visión comercial, para lograr que el sector
público se asemeje al funcionamiento del sector privado o este al
servicio de éste.
El ejemplo
es la llamada educación en competencias,
introducidas ya en la LOE (Ley Orgánica de Educación) por el
gobierno del PSOE, sin ningún tipo de debate entre la comunidad
educativa, y que supone el paso de una enseñanza basada en los
saberes, los saber-hacer y las cualificaciones, a una enseñanza
orientada hacia la empleabilidad. Concepción que no procede de
ninguna teoría pedagógica sino de una demanda de las empresa
privadas de mayor flexibilidad y adaptabilidad de la mano de obra.
Las
competencias enumeradas en la ley, de carácter muy impreciso, y
básico, como las que se miden en las pruebas de diagnóstico
anteriormente citadas, no parecen asegurar la capacidad de adaptación
de los futuros trabajadores, como afirma la Ley, dada la gran
inestabilidad económica y el veloz cambio tecnológico que hacen que
el futuro entorno productivo sea completamente imprevisible. Es
decir, nadie puede saber las necesidades concretas en materia de
conocimientos y de cualificaciones para el futuro próximo.
En
cambio si es previsible que el aumento de la oferta tendrá como
resultado una bajada de los salarios para todos los trabajadores (así
lo prevé abiertamente la London Economics en un informe encargado
por la Comisión Europea), lo que sería como denuncia Nico Hirtt el
objetivo oculto tras la palabrería de las competencias: bajar los
salarios en los nuevos empleos no cualificados. En resumen se trata
de responder a la exigencia empresarial de formar a trabajadores en
“competencias básicas” para no tener que contratar a
trabajadores “sobrecualificados” que tienden a ejercer una
presión al alza sobre los niveles de remuneración y, en
definitiva, de responder a la creciente polarización del mercado
laboral: formar trabajadores para la gran masa de empleos precarios
(Mc-Jobs) frente a los muy especializados Mac-Jobs que quedan para
los que puedan permitirse pagar la cada vez más elitista educación
superior.
Mecanismos
de privatización de la educación.
La prueba de
lo que estamos diciendo es que la AGAEVE y las pruebas de diagnóstico
no son un caso aislado sino un botón de muestra de los diversos
mecanismos que amenazan y están conduciendo a la progresiva
privatización de la enseñanza pública andaluza:
Mantenimiento
y ampliación de los conciertos educativos con empresas privadas. La
escuela concertada que nació como un complemento a la escuela
pública ante la falta de infraestructuras en zonas con mucho
alumnado, se ha convertido en una doble red que compite con la red
pública y que recibe cada vez mayores recursos económicos
públicos. La LOE (última ley del PSOE) la integra incluso dentro
del servicio público de la educación. Proceso que el borrador de
la LOMCE del PP lleva aún más allá y puede llevar a una escuela
pública residual y guetizada ante la competencia desleal de unas
empresas privadas que usan diversos mecanismos de selcción del
alumnado que consideran más problemático. Lo que es especialmente
evidente en las grandes ciudades.
Subcontratación
a empresas privadas de servicios de los centros educativos como
comedores, limpieza, actividades extraescolares, incluso tareas
administrativas. Lo que ha supuesto un notable empeoramiento de las
condiciones laborales de los y las trabajadoras que realizan dichas
tareas, que son imprescindibles para el funcionamiento de los
centros educativos: bajos salarios, precariedad, retrasos e impagos
de nóminas o despidos improcedentes persecución sindical, sin que
las autoridades educativas intervengan antes ese tipo de actuaciones
por empresas subcontratadas por ellas.
La
creación de agencias para ocuparse de tareas propias de
la función pública que si
bien dependen de la Consejería de educación pueden saltarse los
mecanismos de control previstos para la función pública y llevar a
cabo una gestión similar al modelo privado. La propia AGAEVE es un
ejemplo de ello, pero hay otras, entre las que destaca el ISE
(Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos)
que gestiona de esta manera opaca todas las infraestructuras del
sistema educativo andaluz.
Un
nuevo modelo de gestión educativa
en el que el equipo directivo adopta un papel de gestor,
representante de la administración y no de la comunidad educativa.
La participación democrática de la comunidad educativa en el
funcionamiento y gestión de los centros es sustituida
progresivamente por la gestión de corte empresarial y de medición
de rendimientos. Para ello es necesaria la jerarquización
directiva, con lo que los y las directoras puedan aplicar
eficazmente las políticas decididas desde arriba y puedan ser
capaces de controlar a los docentes en la base. Si antes (con la
LODE) el director o directora de un centro era la representación de
la comunidad educativa ante la Administración, defendiendo los
intereses de la misma; ahora los papeles se invierten, desde la LOCE
del PP, mantenida por la LOE del PSOE y, parece, que aún de forma
más clara, por la nueva LOMCE, la dirección se convierte en
representante de la Administración en el centro educativo,
ejecutora de sus disposiciones, como verdaderos mandos intermedios
de esta nueva estructura jerárquica.
El
Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares: con
el cual la administración beneficia a los participantes
monetariamente y con otros privilegios de adhesión (como un plus de
productividad de la empresa privada) y que de paso responsabiliza al
profesorado de los malos resultados (según las citadas pruebas de
diagnóstico) del sistema educativo.
El
Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en los Centros
Escolares con la intención de inculcar la cultura empresarial
en los jóvenes, tarea que parece ser la tarea primordial de la
escuela (desde primaria hasta la universidad), que en lugar de
formar ciudadanos y ciudadanas, forma al parecer empresarios,
clientes, consumidores y trabajadores flexibles y desechables.
Programas
como el de Escuela 2.0 y pizarra digital o los de gratuidad de
libros de texto que se basan en un modelo de
comprar material a todas las familias sin tener en cuenta la renta
de las mismas, verdadero despilfarro de recursos públicos en lugar
de fomentar políticas como el préstamo la creación de bibliotecas
escolares o la dotación a los centros de la tecnología para el
conjunto del alumnado. Es significativo por ejemplo que el programa
Escuela 2.0 se aprobara en el curso 2009-20010 después de varias
reuniones a puerta cerrada entre el Ministerio de Educación y una
serie de multinacionales y grupos financieros y editoriales:
Microsoft, Intel, HP, Iecisa (El Corte Inglés), Telefónica,
Vodafone, Banesto, Santillana... De hecho la idea de
que si
todo el alumnado tuviera un ordenador el sistema tendría más
calidad y la educación podría ser mejor fue defendida por la
patronal europea (ERT), eso sí, sin presentar ninguna investigación
hecha en ninguna parte del mundo donde se dijera que así realmente
se mejoraba la educación. Un verdadero
negocio redondo: un sistema educativo
público que cada cuatro años te compra un ordenador a cada
estudiante. Una cifra escandalosa y un
negocio escandaloso que como dice Jurjo Torres se ha hecho sin
ningún sentido educativo: que el profesor se las apañe, lo que
sobra, lo educativo y esas cosas, eso ya vendrán otros que lo
hagan. Por que además choca con otro gran negocio las editoriales
de libros de texto , que tienen miedo
porque con los recursos disponibles en la red quizá ya no es
necesario el libro de texto ni en papel ni digital.
Conclusión.
Exigimos al
gobierno de Andalucía una política de defensa de la educación
pública andaluza, lo que implica no solo oponerse a la aprobación
de la LOMCE que propugna el PP, sino rectificar todas las políticas
que están contribuyendo al deterioro y progresiva privatización de
la misma.
La defensa
de la enseñanza pública andaluza pasa por romper con un modelo
educativo que considera la educación una mercancía más y no un
derecho. La educación de calidad no puede conseguirse con un modelo
privatizador que se ha demostrado un desastre incluso en la economía
financiera. La búsqueda de beneficios a través de la privatización
de servicios públicos como la educación o la sanidad es una huida
hacia adelante de un sistema fracasado que no lleva a ninguna parte.
Es intolerable recortar estos servicios públicos esenciales con la
excusa de una deuda pública ilegítima ya que no ha sido creada por
los ciudadanos sino por los bancos y empresas privadas. Por eso el
mantenimiento de estos servicios públicos debe estar por encima del
pago de la deuda.
En ese
sentido reclamamos:
- La
eliminación inmediata de los recortes en educación: el gasto
educativo es insuficiente, se debe aumentar y no reducir. La deuda
pública es ilegítima: no es responsabilidad del sector público si
no del empresas privadas. En primer lugar es urgente retirar la
ampliación de las horas lectivas y la contratación del
profesorado despedido.
- Defensa
de la enseñanza pública como modelo, lo que implica :
Apoyo
a la red pública frente a la privada concertada, que no ha
dejado de crecer a costa de la pública en los últimos años. Por
el contrario se debe tender a la progresiva eliminación de los
conciertos. Ni un euro público a la enseñanza privada.
Recuperación
para el sector público de todos los servicios subcontratados a
empresas privadas en
los centros educativos manteniendo los derechos de los trabajadores
y las bolsa de trabajo existentes
Abrir
un dialogo con toda la comunidad educativa sobre el modelo de
educación que necesitamos y que éste no sea elaborado en
función de los intereses económicos de una minoría
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