Campaña de Marea Verde Andalucía contra la AGAEVE y las Pruebas de diagnóstico .

SIN OLVIDAR LA DEMANDA DE ANULACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD, LA AGAEVE ESTÁ EN EL PUNTO DE MIRA DE MAREA VERDE Y EL PRÓXIMO DÍA 9 DE FEBRERO SERÁ OBJETO DE UNA ACCIÓN ESPECÍFICA. 

LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO SERÁN NUESTRO OBJETIVO DESDE  AHORA HASTA SU REALIZACIÓN EN MAYO, COMO FORMA DE DENUNCIA DE UNA CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN QUE NO COMPARTIMOS Y QUE ADEMÁS ES COHERENTE CON EL DESMANTELAMIENTO DE LA PÚBLICA CON  LOS RECORTES QUE SUFRIMOS.

En los próximos días iremos facilitando documentos e informaciones a través del grupo de correo. 

Ya están disponibles el cartel y hojas informativas destinadas al profesorado y a la comunidad educativa en general Hay que empezar ya a difundir esta campaña en los centros y en toda la ciudadanía en general. 

Publicamos a continuación un amplio análisis con el objetivo de que sirva como documento base de reflexión para cuestionar con argumentos poderosos tanto la existencia de la AGAEVE como la realización de las Pruebas de Diagnóstico. A pesar de su longitud, recomendamos a tod@s su lectura y posterior debate en las asambleas. 

RAZONES PARA UNA CAMPAÑA CONTRA LAS AGENCIAS DE EVALUACIÓN.

Desde la Marea Verde de Andalucía hemos decidido realizar, dentro de las movilizaciones en defensa de la enseñanza pública que estamos llevando a cabo, una campaña contra la AGAEVE y las llamadas Pruebas de Diagnóstico porque las consideramos sintomáticas de un modelo educativo que amenaza con desmantelar la educación como servicio público para todos y todas.

Nos preguntamos por qué frente a los, según la Consejería, inevitables recortes que han llevado a la calle a 4.502 profesores/as, han aumentado las horas lectivas, reducido los salarios, reducidas las becas, etc. se mantiene una agencia externa, que cuesta cada año 5 millones de euros, cuya función es competencia de otra institución existente como es la Inspección educativa?

¿Qué es la AGAEVE?

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa fue creada con la Ley de Educación de Andalucía (LEA) en 2007 y se reguló su organización en 2009. Tiene un estatus de “agencia administrativa adscrita a la Consejería”, es decir, es la Consejería la que nombra a su director/a y resto de personal sin tener que someterse a las normas de nombramientos de cualquier funcionario/a de igualdad, mérito y capacidad. Su función, como su nombre indica, es evaluar todos los elementos del sistema educativo, lo que se solapa con una de las funciones del cuerpo docente de la Inspección Educativa formada por 288 inspectores/as en Andalucía.

La AGAEVE lleva gastados entre 2009 y 2012 unos 20,5 millones de euros y se ha anunciado un nuevo plan cuatrienal de 2012 a 2016 (los presupuestos de 2013 consignan 4.349.057 euros a la misma). Se trata, no lo olvidemos, de personal elegido a dedo que la Consejería prefiere antes que a los inspectores, que son funcionarios de rango superior, que acceden por oposición a un cuerpo docente de ámbito nacional y, en principio, con una mayor independencia de criterio profesional debido a su preparación específica y su estabilidad como funcionarios no dependientes del poder político. Puedes consultar la fuente aquí.

Las pruebas de diagnóstico.

Sin embargo, parece ser, en palabras de la propia Consejería, que la AGAEVE es intocable, está fuera de toda negociación y es una pieza fundamental del modelo educativo del gobierno andaluz. Quizá entendamos mejor la razón de esta “importancia” si sabemos que esta agencia es la encargada de organizar las llamadas pruebas de diagnóstico.

Estas pruebas de evaluación estandarizadas que se realizan en todos los centros educativos andaluces se llevan a cabo en el 2º curso de educación Primaria (ESCALA) y en el 4º curso de Primaria y el 2º curso de Secundaria (Pruebas de Evaluación y Diagnóstico). Estas pruebas son realizadas sin ningunea participación de los equipos educativos de los centros aunque, eso sí, es ese profesorado quien tiene que pasar las pruebas al alumnado y corregirlas (siguiendo unos rígidos criterios establecidos por la AGAEVE). Se trata de un formato de test, similar a las pruebas que sirven para realizar el famoso informe PISA, cuyas características muestran un claro afán por medir conocimientos esencialmente técnicos, de disciplinas como la lengua, matemáticas o ciencias, que son las que más interesan al mercado empresarial.

El llamado informe PISA (Programme for International Student Assesment) compara los resultados de los sistemas educativos de los países miembros de la OCDE y, no parece demasiado aventurado, ver en la creación de las pruebas de diagnóstico un intento del gobierno andaluz por mejorar la posición del sistema educativo andaluz en dicho informe. Se trata de una evaluación externa estandarizada concebida con planteamientos economicistas que marcan los saberes que más interesan a los mercados, son prácticas de medición para catalogar y clasificar a los sujetos, que miden el aprendizaje individualmente y de manera cuantitativa.

Siguiendo a Jurjo Torres podemos decir que es una medición extremadamente reduccionista. sólo mide tres cosas: la comprensión lectora, la alfabetización matemática y la alfabetización científica. No mide ningún contenido más, ni tampoco la escritura la capacidad de expresarse, de razonar. No mide, en una sociedad democrática, cosas tan elementales como las habilidades para el debate y la comunicación respetuosa. Por supuesto, no mide ni conocimientos ni procedimientos ni destrezas ni valores artísticos. No mide la formación literaria, ni los conocimientos y capacidades para interpretar y situar momentos históricos, fenómenos políticos y sociales. Tampoco la capacidad de análisis críticos. Tampoco la capacidad para pensar, analizar y tomar decisiones desde marcos interdisciplinares Tampoco mide nadie la competencia y la educación psicomotora, toda la competencia deportiva, la educación ética y moral, la educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos, la capacidad para resolver conflictos, la apertura de espíritu y de comprensión para comprender  a otras culturas y pueblos. La participación en la vida cotidiana en las propias instituciones en las que estamos. La educación ambiental, educación para la salud, para el consumo, educación vial, la educación para realizar juicios informados y razonados, la capacidad de colaboración y de ayuda a los demás, el nivel de responsabilidad y de compromiso con la democracia, los valores y prioridades para la vida en sociedades democráticas, los hábitos culturales (la lectura, la asistencia a conciertos, a conferencias, a museos), la educación mediática o en medios de comunicación o la educación afectivo-sexual.

Eso si PISA ahora también (se hará publico en 2013) una de las competencias que van a analizar es lo que se llama educación financiera. Son diecinueve paises en los que se evaluará, entre ellos España. Y no precisamente la banca ética, sino la bolsa, véase el portal www.finanzasparatodos.es

Por otra parte evalúa a jóvenes de diferentes países del mundo con las mismas pruebas, sin tener en cuenta los diferentes contextos, elaborando después una lista sobre la “calidad educativa” de cada país. De hecho, la clasificación de los resultados de los informes PISA acaba decidiendo qué es calidad y, de manera indirecta, acaban orientando los currículos, ya que todos los países quieren avanzar en la clasificación, por lo tanto, acaban imponiendo unos conocimientos que coinciden con lo que PISA evaluará.

Y si analizamos las pruebas liberadas de PISA éstas demandan capacidades científicas de baja complejidad, con acentuada presencia de la mera reproducción como han demostrado en el área específica de Ciencias Gallardo-Gil, M.; Fernández-Navas, M.; Sepúlveda-Ruiz, M-P.; Serván, M-J.; Yus, R. y Barquín, J. (2010), lo que enlaza con las demandas del mercado como veremos. PISA y la competencia científica: Un análisis de las pruebas de PISA en el Área de Ciencias. RELIEVE, v. 16, n. 2, p. 1-17. http://www.uv.es/RELIEVE/v16n2/RELIEVEv16n2_6.htm

Además esta insistencia en la evaluación permite alcanzar también otros objetivos como la centralización y de control ideológico. Así la LOCE,, proponía junto a la creación del “Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo” organismo similar a la AGAEVE, instaurar la reválida, examen homogéneo y obligatorio para todos los alumnos que hubiesen terminado la secundaria, establecida directamente desde Madrid, lo cual permitía al gobierno controlar el contenido de los programas educativos. La evaluación del rendimiento del alumnado permitía también que las escuelas fuesen comparadas entre ellas, ya que se basaban en indicadores globales y homogéneos para todo el alumnado del Estado. Los resultados se expondrían públicamente y se establecería una clasificación de escuelas, lo cual acabaría estigmatizando a los centros situados en zonas más pobres. También promovería que los centros se ofreciesen al mercado a través de mecanismos de marketing y que los padres y madres pudiesen escoger “libremente” el centro educativo. Eso haría que las familias con un buen poder adquisitivo estuviesen predispuestas a matricular a sus hijos en colegios privados (normalmente los mejor valorados por este tipo de sistemas de evaluación). Se tendía a agravar, por éste y otros motivos, la espiral de precarización y guetificación de la escuela pública (en Barcelona por ejemplo el 85% de los alumnos inmigrados están escolarizados en centros públicos). Lo que es retomado de nuevo abiertamente por la LOMCE.

La educación al servicio del mercado.

Podemos por tanto ver la AGAEVE y las pruebas de diagnóstico como una parte de las políticas privatiadoras de la enseñaza pública que se impulsan desde organigazaciones económicas internacionales y empresariales. Así no es sin diuda casual que las pruebas PISA sean organizadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que junto a otros organismos internacionales del mismo tipo, Banco Mundial, Organización Mundial del comercio (OMC), Acuerdo General sobre el comercio de servicios (AGCS) defienden abiertamente, desde una óptica neoliberal, convertir los servicios públicos (entre ellos la educación) en servicios económicos de interés general, es decir no necesariamente públicos y por tanto susceptibles de convertirlos en negocio privado. De hecho la propia ERT (mesa redonda de las grandes empresas que trabajan en Europa en la que España está representada por los presidentes de Telefónica, Repsol e Inditex) ha estado en los últimos años interesadísima por la educación, así por ejemplo consideraba que el problema que tenía la educación pública era que los estudiantes no tenían todos y todas un ordenador.

No se niega que el estado tenga la obligación de cubrir las necesidades educativas de la población con la red pública, pero lo debe hacer solo allí donde los proveedores privados no lleguen. La enseñanza pública queda así relegada a suministrar ese servicio a aquellos sectores sociales que no son lo suficientemente rentables para que puedan ser incluidos en el nuevo mercado de la educación.

Esta visión mercantilista concibe la escuela exclusivamente por su contribución al desarrollo económico, estableciéndose la calidad a partir de los “buenos resultados”, en todo aquello que tenga capacidad de medirse y de convertirse en un número, un dato, una gráfica, para poder clasificar a los sujetos. Se proclama que la escuela solo tiene sentido si sirve a los intereses de los mercados, es decir a las empresas y a la acumulación de capital. Este discurso ha sido asumido por la propia legislación educativa. La propia LEA (Ley de Educación de Andalucía), aprobada por el gobierno andaluz del PSOE, establece que el objetivo de la educación deber ser mejorar la productividad: “el capital humano es un recurso de importancia primordial para el crecimiento económico y el desarrollo de Andalucía. De la cualificació de sus recursos humanos depende el mantenimiento y el aumento de sus niveles de productividad y, por tanto, su competitividad a largo plazo en la economía globalizada”. Esa misma idea es recurrente en el proyecto de la LOMCE del partido Popular (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa): “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se plantea en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”.

Es evidente que la educación debe tener conexión con el mercado de trabajo, lo cuestionable es que solo en función de ello se establezcan sus metas y se evalúe su impacto, como si lo único importante de la escuela fuera preparar mano de obra, una labor meramente técnica, negando el carácter social y ético del acto educativo que implica conflictos de intereses, valores e ideales. Lo que explica que las últimas leyes educativas esten impregnadas por una verdadera “neolengua” procedente del lenguaje mercantil de la empresa privada con una verdadera transferencia terminológica: competencias, empleabilidad, flexibilización, excelencia, calidad etc.

La privatización no solo se basa en la apertura de los servicios educativos a los mercados para generar beneficios económicos a las empresas privadas, también, de manera más encubierta, importa a la escuela pública formas de funcionamiento, ideas y métodos del sector privado, con una visión comercial, para lograr que el sector público se asemeje al funcionamiento del sector privado o este al servicio de éste.

El ejemplo es la llamada educación en competencias, introducidas ya en la LOE (Ley Orgánica de Educación) por el gobierno del PSOE, sin ningún tipo de debate entre la comunidad educativa, y que supone el paso de una enseñanza basada en los saberes, los saber-hacer y las cualificaciones, a una enseñanza orientada hacia la empleabilidad. Concepción que no procede de ninguna teoría pedagógica sino de una demanda de las empresa privadas de mayor flexibilidad y adaptabilidad de la mano de obra.

Las competencias enumeradas en la ley, de carácter muy impreciso, y básico, como las que se miden en las pruebas de diagnóstico anteriormente citadas, no parecen asegurar la capacidad de adaptación de los futuros trabajadores, como afirma la Ley, dada la gran inestabilidad económica y el veloz cambio tecnológico que hacen que el futuro entorno productivo sea completamente imprevisible. Es decir, nadie puede saber las necesidades concretas en materia de conocimientos y de cualificaciones para el futuro próximo.

En cambio si es previsible que el aumento de la oferta tendrá como resultado una bajada de los salarios para todos los trabajadores (así lo prevé abiertamente la London Economics en un informe encargado por la Comisión Europea), lo que sería como denuncia Nico Hirtt el objetivo oculto tras la palabrería de las competencias: bajar los salarios en los nuevos empleos no cualificados. En resumen se trata de responder a la exigencia empresarial de formar a trabajadores en “competencias básicas” para no tener que contratar a trabajadores “sobrecualificados” que tienden a ejercer una presión al alza sobre los niveles de remuneración y, en definitiva, de responder a la creciente polarización del mercado laboral: formar trabajadores para la gran masa de empleos precarios (Mc-Jobs) frente a los muy especializados Mac-Jobs que quedan para los que puedan permitirse pagar la cada vez más elitista educación superior.

Mecanismos de privatización de la educación.

La prueba de lo que estamos diciendo es que la AGAEVE y las pruebas de diagnóstico no son un caso aislado sino un botón de muestra de los diversos mecanismos que amenazan y están conduciendo a la progresiva privatización de la enseñanza pública andaluza:

• Mantenimiento y ampliación de los conciertos educativos con empresas privadas. La escuela concertada que nació como un complemento a la escuela pública ante la falta de infraestructuras en zonas con mucho alumnado, se ha convertido en una doble red que compite con la red pública y que recibe cada vez mayores recursos económicos públicos. La LOE (última ley del PSOE) la integra incluso dentro del servicio público de la educación. Proceso que el borrador de la LOMCE del PP lleva aún más allá y puede llevar a una escuela pública residual y guetizada ante la competencia desleal de unas empresas privadas que usan diversos mecanismos de selcción del alumnado que consideran más problemático. Lo que es especialmente evidente en las grandes ciudades.
• Subcontratación a empresas privadas de servicios de los centros educativos como comedores, limpieza, actividades extraescolares, incluso tareas administrativas. Lo que ha supuesto un notable empeoramiento de las condiciones laborales de los y las trabajadoras que realizan dichas tareas, que son imprescindibles para el funcionamiento de los centros educativos: bajos salarios, precariedad, retrasos e impagos de nóminas o despidos improcedentes persecución sindical, sin que las autoridades educativas intervengan antes ese tipo de actuaciones por empresas subcontratadas por ellas.
• La creación de agencias para ocuparse de tareas propias de la función pública que si bien dependen de la Consejería de educación pueden saltarse los mecanismos de control previstos para la función pública y llevar a cabo una gestión similar al modelo privado. La propia AGAEVE es un ejemplo de ello, pero hay otras, entre las que destaca el ISE (Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos) que gestiona de esta manera opaca todas las infraestructuras del sistema educativo andaluz.
• Un nuevo modelo de gestión educativa en el que el equipo directivo adopta un papel de gestor, representante de la administración y no de la comunidad educativa. La participación democrática de la comunidad educativa en el funcionamiento y gestión de los centros es sustituida progresivamente por la gestión de corte empresarial y de medición de rendimientos. Para ello es necesaria la jerarquización directiva, con lo que los y las directoras puedan aplicar eficazmente las políticas decididas desde arriba y puedan ser capaces de controlar a los docentes en la base. Si antes (con la LODE) el director o directora de un centro era la representación de la comunidad educativa ante la Administración, defendiendo los intereses de la misma; ahora los papeles se invierten, desde la LOCE del PP, mantenida por la LOE del PSOE y, parece, que aún de forma más clara, por la nueva LOMCE, la dirección se convierte en representante de la Administración en el centro educativo, ejecutora de sus disposiciones, como verdaderos mandos intermedios de esta nueva estructura jerárquica.
• El Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares: con el cual la administración beneficia a los participantes monetariamente y con otros privilegios de adhesión (como un plus de productividad de la empresa privada) y que de paso responsabiliza al profesorado de los malos resultados (según las citadas pruebas de diagnóstico) del sistema educativo.
• El Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en los Centros Escolares con la intención de inculcar la cultura empresarial en los jóvenes, tarea que parece ser la tarea primordial de la escuela (desde primaria hasta la universidad), que en lugar de formar ciudadanos y ciudadanas, forma al parecer empresarios, clientes, consumidores y trabajadores flexibles y desechables.
• Programas como el de Escuela 2.0 y pizarra digital o los de gratuidad de libros de texto que se basan en un modelo de comprar material a todas las familias sin tener en cuenta la renta de las mismas, verdadero despilfarro de recursos públicos en lugar de fomentar políticas como el préstamo la creación de bibliotecas escolares o la dotación a los centros de la tecnología para el conjunto del alumnado. Es significativo por ejemplo que el programa Escuela 2.0 se aprobara en el curso 2009-20010 después de varias reuniones a puerta cerrada entre el Ministerio de Educación y una serie de multinacionales y grupos financieros y editoriales: Microsoft, Intel, HP, Iecisa (El Corte Inglés), Telefónica, Vodafone, Banesto, Santillana... De hecho la idea de que si todo el alumnado tuviera un ordenador el sistema tendría más calidad y la educación podría ser mejor fue defendida por la patronal europea (ERT), eso sí, sin presentar ninguna investigación hecha en ninguna parte del mundo donde se dijera que así realmente se mejoraba la educación. Un verdadero negocio redondo: un sistema educativo público que cada cuatro años te compra un ordenador a cada estudiante. Una cifra escandalosa y un negocio escandaloso que como dice Jurjo Torres se ha hecho sin ningún sentido educativo: que el profesor se las apañe, lo que sobra, lo educativo y esas cosas, eso ya vendrán otros que lo hagan. Por que además choca con otro gran negocio las editoriales de libros de texto , que tienen miedo porque con los recursos disponibles en la red quizá ya no es necesario el libro de texto ni en papel ni digital.

Conclusión.

Exigimos al gobierno de Andalucía una política de defensa de la educación pública andaluza, lo que implica no solo oponerse a la aprobación de la LOMCE que propugna el PP, sino rectificar todas las políticas que están contribuyendo al deterioro y progresiva privatización de la misma.

La defensa de la enseñanza pública andaluza pasa por romper con un modelo educativo que considera la educación una mercancía más y no un derecho. La educación de calidad no puede conseguirse con un modelo privatizador que se ha demostrado un desastre incluso en la economía financiera. La búsqueda de beneficios a través de la privatización de servicios públicos como la educación o la sanidad es una huida hacia adelante de un sistema fracasado que no lleva a ninguna parte. Es intolerable recortar estos servicios públicos esenciales con la excusa de una deuda pública ilegítima ya que no ha sido creada por los ciudadanos sino por los bancos y empresas privadas. Por eso el mantenimiento de estos servicios públicos debe estar por encima del pago de la deuda.

En ese sentido reclamamos:

- La eliminación inmediata de los recortes en educación: el gasto educativo es insuficiente, se debe aumentar y no reducir. La deuda pública es ilegítima: no es responsabilidad del sector público si no del empresas privadas. En primer lugar es urgente retirar la ampliación de las horas lectivas y la contratación del profesorado despedido.

- Defensa de la enseñanza pública como modelo, lo que implica :

• Apoyo a la red pública frente a la privada concertada, que no ha dejado de crecer a costa de la pública en los últimos años. Por el contrario se debe tender a la progresiva eliminación de los conciertos. Ni un euro público a la enseñanza privada.
• Recuperación para el sector público de todos los servicios subcontratados a empresas privadas en los centros educativos manteniendo los derechos de los trabajadores y las bolsa de trabajo existentes
• Abrir un dialogo con toda la comunidad educativa sobre el modelo de educación que necesitamos y que éste no sea elaborado en función de los intereses económicos de una minoría