Marea Verde de Málaga apoya y suscribe el comunicado de la APDHA en el que se denuncia las dificultades del acceso a la educación ( y otros servicios sociales) para la población extranjera.
Las personas extranjeras, al margen del Decreto-ley
contra la exclusión y de los recursos socio-educativos
en Andalucía
La Junta de Andalucía dificulta el acceso de la población extranjera a los
recursos sociales y sistema de protección social andaluz
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA ya hemos
mostrado nuestra decepción por el contenido y alcance del recientemente aprobado
Decreto-ley andaluz 7/2013 de lucha contra la exclusión social, puesto que
consideramos que deja sin cobertura a muchas de las situaciones de exclusión
más graves de nuestra región y su dotación presupuestaria es claramente
insuficiente.
Sin embargo, creemos imprescindible denunciar específicamente que las
personas extranjeras que viven en Andalucía quedan en una situación de mayor
desprotección si cabe, ya que se les dificulta o directamente se les impide el acceso
a los escasos recursos sociales previstos en el citado decreto-ley y en el resto de
sistema de protección social andaluz. Entre estas “exclusiones” se pueden destacar:
-Las personas extranjeras no comunitarias, aunque se encuentren en situación
regular, siguen sin tener acceso al ingreso mínimo de solidaridad (“salario
social”) establecido por el Decreto andaluz 2/1999. El Decreto-ley 7/2013 no modifica
el hecho de que sólo españoles y ciudadanos europeos puedan solicitarlo.
-Del refuerzo del servicio de comedor escolar para garantizar 3 comidas diarias
(art. 48 Decreto-ley 7/2013) quedan excluidos los hijos o hijas de las personas
extranjeras en situación irregular. En la actualidad, una mala praxis
administrativa basada en una Orden de 31 de julio de 2012 de la Consejería de
Educación deja sin acceso efectivo a los comedores escolares andaluces a hijos
e hijas de las personas extranjeras sin documentación. Al carecer de número de
identificación de extranjero (NIE) se les impide acceder a las bonificaciones en
los precios públicos de los comedores escolares previstas en el Decreto andaluz
137/2002, lo que en la práctica constituye una denegación de acceso a los mismos, ya
que la muy precaria situación económica de la casi totalidad de este colectivo hace
inviable que afronten el pago del coste integro del servicio sin bonificar. Por lo tanto,
dado que de la redacción del art. 48 del DL 7/2013 no se desprende ninguna
modificación normativa encaminada a la resolución de esta situación, entendemos que
de ese refuerzo del servicio de comedor pueden quedar excluidos los hijos o hijas de
las personas extranjeras en situación irregular.
-A los hijos o hijas de las personas extranjeras en situación documental irregular
también se les impide en la práctica el acceso a una plaza de Escuela Infantil de
caso de los comedores escolares (no tener NIE) se les deniega, por cuestiones
burocráticas, el acceso a las bonificaciones en los precios públicos del servicio,
también recogidas en el Decreto 137/2002, lo que igualmente hace inviable que este
colectivo pueda sufragar los cerca de 300 euros mensuales de coste de una
plaza pública en una Escuela Infantil sin bonificar.
A lo anterior se unen otras restricciones específicas para personas
extranjeras, en materia de derechos socioeconómicos en el ámbito competencial
estatal, que se han dado desde que comenzó el actual contexto de crisis. Como
ejemplos significativos, la imposición del requisito de ser residente permanente, es
decir, más de 5 años de residencia legal, para el acceso en igualdad a las ayudas
públicas de vivienda (introducido por la LO 2/2009 en la LO 4/2000, “Ley de
Extranjería”) o la supresión del derecho de las personas extranjeras a un acceso
normalizado a la sanidad determinado por la entrada en vigor del RDL 16/2012.
Por lo expuesto, desde la APDHA denunciamos que, siendo nuestros
vecinos y vecinas de origen inmigrante unos de los colectivos sociales que con
más rigor están sufriendo la crisis (las estadísticas de desempleo y pobreza se
incrementan dramáticamente cuando ponen su foco en la población inmigrante), no
tiene sentido que los recursos sociales dirigidos a ellos, lejos de incrementarse,
se vean reducidos comparativamente con el resto de la ciudadanía. No tiene sentido
salvo que esta circunstancia se enmarque en el discurso de criminalización y/o
responsabilidad de las personas extranjeras como causa de la crisis, algo que
desgraciadamente se ha instalado en algunos sectores político-mediáticos, lo que
suponemos está lejos de los principios básicos de la agenda política del actual
Gobierno andaluz.
Partiendo del anterior convencimiento, demandamos del Gobierno andaluz
que incorpore como eje básico en la apuesta política de lucha contra la
exclusión en Andalucía, apuesta que debe ir mucho más allá de los contenidos y
dotación presupuestaria del Decreto-Ley 7/2013, la supresión de las diferencias
discriminatorias en materia de derechos sociales que afectan a las personas
extranjeras que viven en Andalucía.
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